Apoyemos la labor del sector sin fines de lucro

Como socias en la delicada y vital tarea de atender la variedad de necesidades apremiantes de poblaciones vulnerables en Puerto Rico, las organizaciones comunitarias sin fines de lucro requieren que el gobierno haga bueno su compromiso de entregar los fondos que estas entidades utilizan para proveer servicios que el Estado no puede prestar a la ciudadanía.

Las alrededor de 4,500 entidades que integran el sector comunitario de impacto social y económico, las OCISE, sirven a cerca de 400,000 personas en Puerto Rico. También impactadas por la crisis fiscal, se han reinventado para cumplir con sus propósitos, pero a pesar de ello, han sufrido la merma en recursos.

Se trata de organizaciones esenciales para complementar, y en ocasiones sustituir, servicios que el gobierno tiene la obligación de prestar a niños, jóvenes y personas de edad avanzada que viven en condiciones socioeconómicas precarias. Con esa labor encomiable, los trabajadores y voluntarios de las OCISE realizan una aportación significativa en la vida de miles de familias y, así, en el País.

Portavoces de estas organizaciones han llamado la atención a la situación que confrontan. Coincidomos en que el gobierno tiene que ver a este sector como el socio que le ayuda a atender a personas con impedimentos, mujeres víctimas de maltrato y personas sin hogar, entre otros.

El subsector de las OCISE, que forma parte del Tercer Sector, genera alrededor de 50,000 empleos a tiempo completo, para un 7.4% del empleo privado, con una nómina annual de $1,300 millones. Esto se traduce en un impacto en el consumo de $1,200 millones, e ingresos para el gobierno de $66.7 millones por concepto del impuesto sobre ventas y usos (IVU).

Del mismo modo, las OCISE cuentan con la asistencia valiosa de alrededor de 100,000 voluntarios por año, lo que equivale a cerca de 6,000 empleos a tiempo completo si se calculan las horas que estos voluntarios dedican a las organizaciones.

Es justo el reclamo de las OCISE para que el gobierno desembolse a tiempo los fondos que se les asignan, los cuales son cruciales para complementar los donativos de fundaciones, del sector empresarial y de la misma ciudadanía.

El 62% de estas entidades plantea que las dificultades que confronta se asocian a la merma en la disponibilidad de fondos y donativos, así como a las barreras relacionadas con los procesos de desembolso en las agencias gubernamentales.

El retraso en el desembolso de fondos, tanto estatales como federales, y el recorte de partidas que antes se destinaban a estas organizaciones, afectan negativamente los servicios que ofrecen estas entidades, a pesar de que esos dineros solo representan el 1% del presupuesto gubernamental.

Una razón para la demora en la entrega de recursos es que existe en el gobierno una cultura que pretende capitalizar la operación pública con fondos federales, lo que resulta en trabas innecesarias a las OCISE, como la imposición de requisitos o restricciones que no figuran en la ley federal que viabiliza la otorgación de los fondos.

La situación es muy seria. El 52% de las OCISE ha enfrentado problemas de flujo de efectivo por el tiempo que toma el proceso de recibir los fondos de las agencias, lo que ha resultado incluso en la reducción forzosa en los niveles de servicio y recortes de personal.

Es urgente, por tanto, que el gobierno y la ciudadanía entiendan las ventajas enormes que se derivan de las OCISE. Los servicios sociales, educativos, sanitarios, culturales y de otra índole que ofrecen las entidades comunitarias sin fines de lucro representan un ahorro público sustancial porque alivian grandemente la obligación legal y moral del gobierno de atender esas necesidades básicas de ciudadanos.

Sin duda, las organizaciones comunitarias sin fines de lucro son un gran socio del Estado. Pero esa sociedad requiere del cumplimiento pleno de las responsabilidades de ambas partes.

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